REVISTA DE PRENSA: 19/4/2015. La Tercera. Chile.

La noticia se hace eco del coste que supone el sistema de Alta Dirección Pública -la institucionalización de la Dirección Pública Profesional en Chile- y el porcentaje de rotación de las personas que han sido nombradas con este sistema. 

"El gobierno de Sebastián Piñera removió al 63% de los cargos de primer nivel que pasaron por Alta Dirección Pública, y Bachelet lleva igual porcentaje." El Fisco paga en promedio $ 82,5 millones al mes para buscarlos.

Poco más de US$ 17 millones contempla la Ley de Presupuestos 2015 para el Servicio Civil, la entidad responsable del Sistema de Alta Dirección Pública (SADP), creado hace una década para profesionalizar los cargos en el Estado. Los recursos -que este año son un 7% más altos que en 2014- solventan toda la cadena de funcionamiento del modelo, lo que incluye, entre otros ítems, los honorarios del Consejo de Alta Dirección Pública responsable de asesorar al Ejecutivo en la búsqueda y selección de profesionales de exclusiva confianza. Sin considerar la remuneración del presidente del grupo, en honorarios se desembolsan $ 16 millones al mes.

Lo anterior, sin embargo, no es lo único que acapara recursos públicos. El Fisco también financia al otro actor relevante en el juego: las firmas reclutadoras de talentos, más conocidas en el mercado por al anglicismo de head hunters. En promedio, la entidad dependiente del Ministerio de Hacienda gasta unos $ 82,5 millones mensuales en pagarles a estas empresas por la búsqueda, evaluación y selección de candidatos para cargos de primer nivel de jerarquía y $ 215,4 millones para cargos de segundo nivel. El proceso tarda, en promedio, unos 85 días en cada caso.

Para eso, cada cuatro años el Servicio Civil firma un convenio marco con empresas y consultoras de recursos humanos, que en el caso actual, por el período 2012-2015, contempla a 57 firmas. Para adjudicar y seleccionar a las empresas, previa licitación de la Dirección de Contratación y Compras Públicas, se consideran tres aspectos: calidad del servicio ofrecido, experiencia del equipo de profesionales y oferta económica, es decir, precios competitivos.

A mediados de año se hará una nueva licitación del convenio. Una vez adjudicada, la Contraloría General de la República deberá tomar razón del texto.

El director del Servicio Civil, Rodrigo Egaña, adelanta que en el nuevo convenio se decidió “aumentar los estándares de calidad y optimizar la entrega oportuna, calificada y confiable de los servicios ofrecidos. Creemos que hay espacio para acotar la duración de los procesos y también para generar ahorro de recursos para el Estado”.

Las head hunters entregan dos servicios complementarios. Uno, de búsqueda de altos directivos públicos, que consiste en identificar candidatos que reúnan las condiciones, requisitos y atributos o competencias presentes en el perfil del cargo. El segundo, de evaluación de candidatos, que implica la valoración integral del grado de idoneidad en base a atributos o competencias incluidas en el perfil de selección. Esto se hace a través del análisis curricular de los postulantes, entrevistas para evaluación psicolaboral y de atributos directivos, y un chequeo de referencias laborales (ver esquema).

El SADP fue creado en 2003 como parte del acuerdo político entre el ex Presidente Ricardo Lagos y la entonces oposición para enfrentar el primer escándalo de corrupción en el Estado chileno desde 1990, como fue el caso MOP-Gate.

Cuando el sistema partió se elegían 417 cargos; hoy llegan a 1.254. De ese total, 110 son de primer nivel jerárquico, como jefes de servicio o repartición, nombrados por el Presidente de la República. Los 839 cargos restantes son de segundo nivel, nombrados por el jefe de servicio respectivo, pero calificados como de confianza.

Al SADP también le corresponde participar en la selección de los directores independientes de la principal empresa pública chilena, Codelco, además de seleccionar a los jueces y secretarios de tribunales tributarios y aduaneros, ministros de tribunales ambientales, organismos de la nueva institucionalidad educacional y participar en los concursos de jefes de departamentos de Educación Municipal y de directores de escuelas y liceos municipales, entre otros.

INGRESOS Y POLÍTICAS PÚBLICAS

Egaña precisa que el organismo paga a los head hunter en promedio $ 15 millones para cargos de primer nivel jerárquico, lo que incluye el servicio de búsqueda especializada y evaluación de candidatos. Para los de segundo nivel, cancelan $ 6,2 millones.

Entre enero y abril de 2015 se han cerrado 22 procesos para cargos de primer nivel, pagando un total de $ 330 millones a las consultoras. Además, el Estado desembolsó $ 861,8 millones para  139 empleos de segundo nivel.

“Si alguien piensa que son montos elevados, puedo decir que llegan a menos de la mitad de lo que cuesta un proceso de similar característica en el sector privado. El convenio marco ha permitido que el Estado trabaje con las mejores consultoras del mercado, tenga altos estándares de calidad de los procesos y acceda a precios competitivos”, afirma Egaña.

En la industria de las consultoras aclaran que por buscar y seleccionar un ejecutivo de alto nivel para el sector privado, el costo varía entre $ 40 millones y $ 50 millones, según el perfil.

¿Es realmente un buen negocio participar del SADP para esas consultoras? John Byrne, managing director de Boyden Chile, una de las firmas del convenio más activa en el fichaje de cargos de primer nivel de jerarquía, explica que la ADP representó para su empresa cerca de 15% de sus ventas en 2014 y si bien participar no les aporta un plus para conseguir nuevos clientes en el ámbito privado o en el exterior, sí contribuye a la profesionalización del aparato público. “Vemos el servicio como un aporte a Chile, además de un negocio, porque buscamos a los mejores ejecutivos para el desarrollo del país”, dice.

Spencer Stuart y Seminarium son las otras dos que integran las tríadas de head hunters más activas para cargos de primer nivel.

Rafael Rodríguez, presidente y fundador de Seminarium, recuerda que fueron una de las empresas invitadas a participar de la elaboración del que terminaría siendo el proyecto de ley de ADP, en 2003. “Hemos participado en todos los concursos del Servicio Civil para seleccionar empresas consultoras. Lo principal es que accedemos a búsquedas que tienen un nivel de impacto mucho más grande que lo que se logra o se hace en el sector privado. Se trata de cargos que tienen un impacto social, político y económico muy relevante, y ser parte de eso para la compañía es un gran activo”, comenta.

El gerente general y socio de la compañía, Andrés Undurraga, declina entregar cifras sobre lo que significa el SADP y subraya que la empresa tiene un negocio diversificado en sectores como educación, energía y consumo masivo.

En todo caso, aclara que Seminarium tiene un área especializada en el tema público, pues no sólo brindan el servicio de búsqueda y evaluación para el Servicio Civil, sino también para otras entidades como, por ejemplo, empresas autónomas del Estado y servicios más independientes. “Estamos en el tema desde el inicio de la ley. La motivación primera fue hacer un aporte al país”, enfatiza.

MÉRITO VERSUS POLÍTICA

Del total seleccionado vía ADP, 949 vacantes o 76% son cargos de 113 servicios públicos del gobierno central, es decir, donde opera la confianza de la autoridad en la remoción. Duran tres años y pueden ser renovados hasta dos veces, por igual plazo, pero como son funcionarios de exclusiva confianza, la autoridad les puede solicitar la renuncia y tienen derecho a una indemnización por año de servicio, con un máximo de seis. Esto significa que sólo un 24% de los cargos vía ADP -pertenecientes a 215 organismos públicos- no puede ser removido por exclusiva confianza.

Las últimas dos elecciones presidenciales gatillaron una alternancia que terminó con una fuerte renovación de altos directivos. Los datos del Servicio Civil revelan que la administración de Sebastián Piñera removió al 63% de los cargos de primer nivel y cerca de 30% de los de segundo nivel. El gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet  ha removido al 63% de los cargos de primer nivel y a cerca del 40% de segundo nivel. 

¿Qué pasa en este caso con el servicio del head hunter que buscó, seleccionó y propuso a quien fue removido de su cargo? En el Servicio Civil aclaran que el proceso parte desde cero, aunque pueda ocurrir que varios de los candidatos ya hubiesen sido contactados y evaluados en el caso anterior. Esto genera suspicacias en los críticos del sistema respecto de la legitimidad del modelo y de lo lucrativo que puede resultar esa dinámica para las consultoras.

Rodríguez discrepa: “El sistema está bien hecho en el sentido de que parte importante de la remuneración está relacionada con qué tan exitoso eres en la búsqueda. Además, el Servicio Civil realiza una evaluación exhaustiva de la firma que busca, porque el hunter es una ayuda adicional al esfuerzo que hace el Estado”.

“El sistema de ADP es bueno para Chile y el Estado. Hay que mejorar algunos temas, por ejemplo, que los cargos transitorios y provisionales (T&P) no puedan ser nombrados por la autoridad como definitivos, ya que hace poco competitivo el proceso. La desvinculación debe ser por desempeño y no por decisión política”, opina Byrne. 

Undurraga añade que aunque en el proceso no se divulga la afiliación política y el foco es exclusivamente técnico y basado en el mérito, “el ideal es que la gente tuviera que proyectarse independiente del gobierno de turno, como ocurre, por ejemplo, en Inglaterra”.

Egaña, en todo caso, destaca que el modelo de ADP estableció la participación del sector privado para que parte importante del proceso lo hagan consultoras especializadas y que se fijaron reglas claras e iguales para todos. “Los candidatos son sometidos al mismo procedimiento de evaluación y con currículum ciego, lo que asegura transparencia, objetividad y neutralidad. Independiente de los perfeccionamientos que el sistema requiere, ha sido fundamental para avanzar hacia un Estado más eficiente y profesionalizado”, señala.

¿Sumar nuevos cargos y limitar la remoción por exclusiva confianza mejorarían el sistema? Undurraga cree que si bien dotar de más autonomía al aparato público es positivo, se debe tener claro que “hay cargos desde los cuales se generan políticas públicas y otros para su implementación. Por tanto, así como es correcto que el director del SII, que implementa la política tributaria del gobierno de turno, sí deba pasar por el sistema, no creo que debiera ser de igual manera para un subsecretario”.

Los datos del Servicio Civil indican que en los 11 años de funcionamiento del sistema se ha concursado o están en proceso nueve de cada 10 cargos y que la mitad de los altos directivos públicos nombrados no ocupaba el puesto al momento de su designación. Pero también, que la otra mitad sí estaba desde antes en el sector público y, además, que sólo el 5% de los nombramientos a través del SADP proviene del ámbito privado.

 

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